SANTO DOMINGO.– La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 25 personas presuntamente vinculadas a una estructura que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) mediante autorizaciones y reclamaciones médicas irregulares.
La solicitud, denominada “Cobra 2.0-A” y contenida en un expediente de 525 páginas, también pide que el proceso sea declarado complejo por la cantidad de hechos investigados, las posibles víctimas y el número de implicados.
Según el Ministerio Público, entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025 fueron tramitadas 4,363 autorizaciones presuntamente fraudulentas, correspondientes a cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas, por un monto acumulado de RD$41,125,551.02.
La investigación comenzó luego de una denuncia presentada por Senasa el 28 de noviembre de 2024. La institución reportó supuestas irregularidades en autorizaciones de procedimientos, consultas especializadas y otros servicios que posteriormente no fueron reconocidos por los afiliados.
Modalidad atribuida al grupo
De acuerdo con el expediente, la presunta estructura habría estado integrada por personas relacionadas con Senasa, exempleados y profesionales de la salud.
La PEPCA sostiene que supuestamente utilizaron información de afiliados sin su consentimiento, códigos reales de prestadores, identidades ficticias y formularios con firmas presuntamente falsificadas para solicitar autorizaciones y cobrar servicios médicos que no habrían sido prestados.
Entre las irregularidades señaladas figuran reclamaciones sin expedientes clínicos ni documentos de respaldo, procedimientos desconocidos por los afiliados y consultas ginecológicas colocadas en los registros de pacientes masculinos.
El órgano acusador afirma que parte del dinero obtenido habría sido distribuido mediante transferencias bancarias entre integrantes de la supuesta red.
Personas sometidas
La solicitud de coerción incluye a:
Angeury Guzmán Vásquez
Heidy Coronado Paulino
Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova
Lucreisy Polanco Núñez
Einstein Rafael Borromé Valdez
Juan Henry Poueriet
Hanna Rashell Rodríguez Almánzar
Luz Esther Reyes Durán
Edwin Alberto Batista Cruz
José Luís Díaz Hernández
Carlos Job Ynoa Olivero
Guillermo Enrique Dicló Garabito
Griselda Altagracia Basora Ramírez
Juan Gabriel Rodríguez Ravelo
Martha María Saldaña Saldaña
Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez
Engels Federico Díaz Mendoza
Keila Beatriz Acosta Leonardo
Rafael Mauricio Cabral González
Laura Altagracia Santana Evangelista
Víctor Felipe Rodríguez García
Wander Manuel Díaz Encarnación
Yocaira Antonia Méndez Beltré
Marcelino Eusebio Figuereo
Ray Ernesto Mercedes Lugo
La calificación jurídica presentada por el Ministerio Público es provisional e incluye presunta estafa contra el Estado, asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología, infracciones a la Ley de Seguridad Social y lavado de activos.
La PEPCA argumenta que la prisión preventiva resulta necesaria ante los alegados riesgos de fuga, alteración de pruebas y obstrucción de la investigación. Corresponderá al tribunal evaluar los elementos presentados y decidir las medidas aplicables.
